28/8/09

H.I.J.O.S. presentó una denuncia para que la Justicia investigue a un ex capellán militar

La agrupación que nuclea a hijos de detenidos-desaparecidos le pidió al juez federal Sergio Torres que investigue las funciones que cumplió el capellán, entre 1975 y 1977, en la Escuela de Mecánica de la Armada, tal como informó Página/12.

Por Nora Veiras
La agrupación Hijos, regional Capital Federal, presentó una denuncia ante el juez federal Sergio Torres para que se “investigue la posible responsabilidad de Alberto Angel Zanchetta en los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionara en la Escuela de Mecánica de la Armada”. El sacerdote actuó como capellán de la ESMA entre 1975 y 1977 y hasta principios de agosto seguía cobrando 5000 pesos por mes como capitán de fragata de la Marina. Desde enero está consagrado también a las tareas de confesión y asesoría espiritual de los jóvenes en la Iglesia San Pedro González Telmo de la arquidiócesis porteña.
El escrito, patrocinado por la abogada Carolina Varsky ante el juez que instruye la causa por la represión ilegal en la ESMA, cita como puntos a ser investigados la información revelada por Página/12, los dichos del capitán Adolfo Scilingo sobre la forma en que los capellanes reconfortaban a los pilotos de los vuelos de la muerte y la resolución del Ministerio de Defensa ordenando el pase a retiro de Zanchetta.
El pasado 10 de agosto, este diario informó que Zanchetta seguía como capitán de fragata en disponibilidad a pesar de la orden que había impartido un año antes Defensa. Al día siguiente, el ministerio instruyó al jefe de la Armada, Jorge Godoy, para que “disponga el pase a retiro o baja obligatoria del capitán de fragata presbítero Zanchetta, quien había sido cesado en sus funciones pastorales por el administrador diocesano del obispado castrense (Pedro Candia)”. La ministra Nilda Garré explicitó en la resolución que “consta en el respectivo expediente instruido en 1986 que su actuación en la Armada se remonta a su anterior de-sempeño en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en 1975/76/77, instalaciones en las que funcionara en la misma época un centro clandestino de detención”. Hijos solicita que se les pida a Defensa, al obispado castrense y a la Armada “toda la información relacionada con Zanchetta” y que se “libre oficio al Ministerio de Defensa a fin de que remita el expediente del 25 de marzo de 1986 mencionado en la resolución del 11 de agosto”, en la que ordena el pase a retiro y la apertura de sumarios a los responsables de la continuidad de Zanchetta como capitán de fragata.
En la estructura del obispado castrense, la misión de Zanchetta fue bien recompensada. A partir de la recuperación democrática se desempeñó como jefe del Servicio Religioso del Comando de Operaciones Navales de la Base de Puerto Belgrano y ocupó hasta diciembre del 2004 el cargo de canciller y secretario general del obispado castrense. En el 2007, el entonces arzobispo castrense Antonio Baseotto lo envió a Haití para asistir a las tropas argentinas que integran la Misión de Paz de la ONU. Por entonces ya había estallado el conflicto con el ex presidente Néstor Kirchner que desconoció a Baseotto como obispo luego de que éste propusiera tirar al mar al ministro de Salud Ginés González García, por pronunciarse a favor de la despenalización del aborto.
Como los antecedentes podían jugarle una mala pasada a Zanche-tta, en 1981 sus superiores lo habían sacado de la órbita de la Armada y lo pasaron a Ejército. En 1984, en democracia, lo devolvieron a jurisdicción de la Marina. La Iglesia oculta esos pases y niega así la presencia de Zanchetta en la ESMA.
Cuando el presbítero Pedro Candia, a cargo del obispado castrense, informó en julio del año pasado a la Armada que Zanchetta cesaba en su tarea pastoral, el cardenal Jorge Bergoglio lo acogió en la diócesis metropolitana. El obispo Oscar Ojea lo destinó a principios de este año como vicario a la iglesia San Pedro González Telmo, de Humberto Primo al 300. Su llegada provocó algunas preguntas incómodas para el párroco Ernesto Salvia sobre los antecedentes de ese cura de 64 años que lo asistiría. Ante los pocos que se atrevían a cuestionarlo, Zanchetta negó haber estado en la ESMA. La resolución de Defensa no deja dudas sobre su lugar de actuación en los años de plomo. La presentación de Hijos apunta a que sea la Justicia la que le pida explicaciones por la palabra comprensiva, consejera, ante los marinos que tiraban vivos al mar a secuestrados de la ESMA.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-130656-2009-08-27.html



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13/8/09

Seis represores condenados en el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo

“Fueron crímenes sistemáticos y a gran escala”
El general Santiago Omar Riveros fue sentenciado a prisión perpetua en una unidad del Servicio Penitenciario. Cinco subordinados suyos recibieron entre 25 y ocho años. Fue por las torturas y el homicidio de Floreal Avellaneda, de 15 años, y el secuestro de su madre.
Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares, y el general Jorge Osvaldo García ayer en el Tribunal Oral de San Martín.
Por Diego Martínez
A un tercio de siglo de los crímenes en Campo de Mayo, sede del mayor centro clandestino de detención y tortura del Ejército durante la última dictadura, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó ayer a la pena de prisión perpetua al general retirado Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares, de 86 años. La sentencia incluyó condenas a los generales Fernando Verplaetsen y Jorge Osvaldo García, a los capitanes César Fragni y Raúl Harsich, y al ex policía Alberto Aneto. Por tratarse de delitos de lesa humanidad cumplirán su pena en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. El Tribunal consideró que “por la sistematicidad y gran escala” de los delitos cometidos en la ex Zona IV se trató de “crímenes de lesa humanidad”, como solicitó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y rechazó la calificación de genocidio reclamada por el querellante de Justicia Ya! y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
La primera condena por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo, por donde se estima que pasaron más de cinco mil secuestrados, fue por un caso emblemático, probado desde el Juicio a las Juntas en 1985: el homicidio de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver con signos de empalamiento, atado de pies y manos, apareció en la costa uruguaya en mayo de 1976, previo secuestro y torturas junto a su madre Iris Pereyra. El joven, de 15 años, militante de la Federación Juvenil Comunista, fue secuestrado el 15 de abril de 1976, en su casa de Munro, durante un operativo para capturar a su padre homónimo por su militancia gremial en la fábrica Tensa. Madre e hijo fueron torturados primero en la comisaría de Villa Martelli y luego en “El Campito”, en la guarnición militar Campo de Mayo. Anoche, con los ojos llenos de lágrimas, rodeado de pibes de la FJC y de H.I.J.O.S., Floreal Avellaneda padre cantó, tras la sentencia: “No hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso”. Horas antes, ante Página/12, recordó que “los juicios siguen” y consideró “fundamental que todos los responsables sean condenados”.
La lectura del fallo, a cargo de Lucila Larrandart, Martha Milloc y Héctor Sagretti, incluyó los considerandos, por lo que duró casi seis horas. Fue seguida por un centenar de personas, incluidos familiares de Floreal Avellaneda y también de los imputados, separados por cinco policías. Los acusados prefirieron no estar en la sala. Por la mañana, durante las “últimas palabras” de Riveros y García (ver aparte), hubo incluso una docena de militares de civil. Para garantizar la publicidad del proceso, la jornada fue seguida por diez cámaras de filmación y otros tantos reporteros gráficos.
El tribunal desbarató uno a uno los planteos de las defensas, a las que cuestionó varias veces. Calificó como “de humor negro” la actitud del defensor oficial Carlos Palermo, quien puso en duda que el examen de las huellas dactilares fuera suficiente para probar una identidad y planteó que debieron mostrarles las fotos del cadáver de Floreal Avellaneda a sus padres. Larrandart también llamó la atención sobre objeciones de algunas querellas ante preguntas a los testigos. “Parecieran no pertenecer a organismos de derechos humanos”, dijo. El tribunal destacó el valor de la “prueba indiciaria” frente a crímenes signados por “la clandestinidad y la destrucción planificada de las pruebas”.
A las 20.43, con la bandera argentina a su derecha, la bonaerense a su izquierda y Jesucristo crucificado sobre su cabeza, la presidenta del tribunal leyó la condena a “prisión perpetua” a Riveros y la sala estalló en abrazos y aplausos. Icono del terrorismo de Estado, indultado por Carlos Menem en 1990, Riveros fue comandante de Institutos Militares entre 1976 y 1978. Su primera condena (en octubre afrontará su segundo juicio) es como autor de apenas dos privaciones ilegales de la libertad agravados por la violencia, allanamiento ilegal, robo, torturas agravadas por tratarse de perseguidos políticos, homicidio agravado y ocultamiento del cuerpo.
La segunda mayor pena, de 25 años de prisión, fue para Verplaetsen, ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo en 1976. El entonces coronel era interlocutor habitual del responsable del centro clandestino, teniente coronel Jorge Voso, alias Ginebrón, que murió impune. Por la “disfunción y trastornos psicogénicos” invocados por sus defensores, Verplaetsen es el único de los condenados que “previo examen médico y psicológico” podría beneficiarse con el arresto domiciliario.
La pena para el general García será de 18 años de cárcel. Con el grado de coronel, García era en 1976 director de la Escuela de Infantería y jefe del área militar donde vivía la familia Avellaneda y donde funcionaba la comisaría de Villa Martelli, primera escala tras las capturas. Fragni y Harsich eran entonces sus subordinados. Las firmas de ambos figuran en un “acta de detención” labrada tras los secuestros, recibida años después por un familiar de las víctimas. Fragni declaró en 1984 haber intervenido en “algunas operaciones de la guerra contra la subversión”. Ante la ausencia de testigos de las torturas y la posibilidad de que por el grado y la posición en la estructura militar no conocieran el plan secreto del Ejército elaborado dos meses antes, el tribunal los responsabilizó sólo por los secuestros y robos, y los condenó a ocho años de prisión.
Distinto es el caso de Aneto, jefe de turno de la comisaría la madrugada de los hechos, reconocido por Iris Pereyra como integrante del grupo de tareas que la secuestró y luego la torturó, en Villa Martelli y en Campo de Mayo. El tribunal rechazó por “inverosímil” la coartada del ex policía, quien aseguró recordar que aquel día mantuvo una larga charla con un detenido, que recibió la visita de su mujer y que comió un sandwich de milanesa. Citado como testigo, el ex detenido lo refutó. Aneto fue condenado a la pena de 14 años de prisión.
Fuente: www.pagina12.com.ar